En este sentido, las tres entidades exhortan a las sociedades científicas a revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España, porque no se puede descartar a nadie por razón de edad o de discapacidad de determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor.

 

En todo caso, el CERMI, CEOMA y UDP recuerdan que los protocolos de las sociedades científicas no son textos legales de obligado cumplimiento, máxime cuando se trata de procedimientos discriminatorios.

 

“Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria”, afirman estas organizaciones.

 

Asimismo, CERMI, CEOMA y UDP reclaman a todas las administraciones que, lejos de descartar a personas por razón de edad, todos los esfuerzos se centren en proveer al sistema sanitario de los recursos necesarios para hacer frente al coronavirus, tanto materiales como humanos.

 

También hacen un llamamiento para que los centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad cuenten con todos los recursos necesarios para luchar contra esta pandemia, haciendo, además, todo lo posible para asegurar la salud de las personas trabajadoras en estos entornos.

 

Por otra parte, solicitan el mantenimiento de los servicios de atención social que necesitan las personas en situación de dependencia. “En esta crisis, no podemos dejar a nadie atrás, y debemos tener en cuenta de manera prioritaria siempre a las personas que afrontan esta pandemia en condiciones de mayor vulnerabilidad”, concluyen UDP, CEOMA y CERMI.

 

Por último, destacan que el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, recoge que los trabajadores de los colectivos de mayores y personas con discapacidad pueden seguir manteniendo sus apoyos externos y a domicilio.